Hay 800 funcionarios imputados por ejercer violencia institucional.

El abordaje y la lucha contra la violencia institucional continúa siendo una asignatura pendiente para la democracia, a pesar de los avances significativos que se han registrado en los últimos años como lo demuestran los casi 800 funcionarios públicos imputados actualmente por delitos vinculados a esa materia.
A dos años de su creación, Córdoba hizo un balance "altamente positivo" de la labor que viene desarrollando la Procuvin y destacó que recién ahora el ministerio público cuenta con información detallada de "cómo se produce la violencia, y cuáles son los métodos de tortura y sometimiento que se utilizan".
La violencia institucional se define como aquella que es ejercida por funcionarios, profesionales y agentes pertenecientes a cualquier institución pública, en perjuicio de los ciudadanos, generalmente en contextos de encierro como comisarías, cárceles, institutos de menores, que constituyen prácticas violatorias de los derechos humanos.
"No había un abordaje de este tema que era necesario trabajar y ahora lo hay, abarcando tres temas centrales y críticos en las instituciones de la democracia, como son la corrupción en las fuerzas de seguridad, la violencia policial y en las instituciones de encierro como cárceles", explicó Córdoba.
Una de las misiones de la Procuvin fue abordar el déficit en la información pública sobre violencia institucional y sistema penal que existía, lo cual permite ahora que jueces y fiscales cuenten con estadísticas actualizadas que habilita a "darle contexto" a los hechos que se producen.
Entre las materias pendientes, el titular de la Procuvin puso énfasis en el "número alarmante de muertos" que se producen en las cárceles de todo el país así como las "situaciones de tormentos" que se viven cotidianamente en perjuicio de los personas privadas de su libertad.
Córdoba acaba de llegar de una inspección en la cárcel de Rawson, donde los funcionarios públicos abordan ilegalmente a los detenidos con facas y los lesionan en "situaciones de criminalidad burdas y primitivas", según denunció.
"Está pendiente comprender la dimensión que implica la violación de los derechos humanos en este contexto, porque el sufrimiento de una persona -como puede ser un detenido- produce la deslegitimación de todo el sistema judicial", aseveró. Córdoba se centra principalmente en el "sufrimiento" de la persona que "sabe que va a ser torturada durante años y que no puede denunciar esos hechos porque sino eleva su riesgo de muerte".